El que paga manda...

La crisis siempre da de que hablar. Si bien muchos sostenemos que la estrepitosa debacle financiera encuentra su primera causa en la falta de ética de algunos pocos, es necesario recalcar la influencia que ha tenido el mal manejo de las técnicas financieras, administrativas y económicas por aquellos a quienes denominamos expertos en la materia.

Así como la crisis tiene mucha tela de donde cortar, de igual modo sucede con los rescates financieros que están sucediendo en todo el mundo. Si es bueno o no pedir auxilio a los gobiernos políticos en materias que podría parecer que no les concierne del todo es algo que, honestamente, no tengo idea. Mis conocimientos de economía son terriblemente limitados y, por tanto, no puedo hacer más que proponer dudas:

1. ¿Es prudente que, en una dinámica de libre mercado, un factor externo introduzca las grandes sumas de capital como se está haciendo?
2. ¿Las enormes cantidades de dinero que se introducen, que corresponderían a más de 100 millones por habitante en este pequeño planeta, están siendo “desinteresadamente” (más bien equitativamente) utilizadas?
3. ¿Qué tanto puede exigir el gobierno de las empresas a las que les da el capital?

Esta última pregunta es la que me parece, de fondo, más compleja en términos éticos. Es la que permite más matices en su respuesta. En una nota del “Economista” se deja ver cómo es que Rick Wagoner, gerente general de General Motors, renunció a su cargo a petición de la Casa Blanca. De igual modo, al final de la nota, se ve cómo se condiciona a Chrysler a recibir otro tanto del rescate económico a condición de que pueda unirse con la automotriz “Fiat”. Del mismo modo, ¿quién puede olvidar los continuos problemas de AIG y las “limitantes” en su repartición de bonos (pactados antes del rescate e incluso de la crisis) a ejecutivos?

Supongamos que es correcto, y por el bien de todos, que el rescate financiero ocurra, tal como está sucediendo. Igual queda la pregunta de si los actores políticos deben de decidir por los agentes económicos. Si el sistema funciona rescátenlo, de otro modo: ¿no valdría más la pena dejarlo morir y reconstruirlo?

Un dato curioso respecto a la renuncia de Wagoner a GM es que su sucesor es, ni más ni menos, el ex presidente de Northrop Grumman Corp., una de las más importantes contratistas de defensa en los Estados Unidos, Kent Kresa.

¡Cantinero!

La razón económica supone que las personas siempre buscan más por menos. Siempre queremos el mayor número de satisfactores a cambio de la menor inversión posible. Si bien muchos podrían criticar este modo de pensar la realidad es que es el más conveniente para cualquier individuo. Un buen programa educativo, por ejemplo, supone poder ofrecer los mejores conocimientos en la menor cantidad de tiempo (suponiendo que el tiempo es una de las inversiones más valiosas que podemos ofrecer); si tuviéramos la opción de elegir entre dos restaurantes, que nos ofrezcan exactamente el mismo servicio, escogeríamos, sin lugar a duda, el más barato. Claro que si el servicio es distinto evaluaremos cual es el que nos interesa adquirir (he ahí el fundamento mismo del costo de oportunidad). Se puede decir que en la toma de decisión radica una expresión completa de libertad; elijo, de acuerdo a mis circunstancias, lo que es mejor para mí. En esto encontramos el sustento mismo de nuestra sociedad liberal y capitalista (que personalmente veo como la mejor opción posible).

Sin embargo, ¿qué sucede cuando una elección libre no está produciendo un beneficio en nuestra persona? Siendo fumador me doy cuenta de que mis elecciones de la marca de cigarrillos no radica en el bien que produce a mi salud, más bien me refiero a mis gustos por el tabaco y a mi economía. Por ejemplo, hace no mucho tiempo decidí comprar, en lugar de mis habituales Marlboro rojos una cajetilla de Pall Mall (vienen 5 cigarros más y cuesta 3 pesos menos). Después regresé a Marlboro pues el gusto de la competencia no me dejó satisfecho. La decisión, en ese caso, no se refería a mi bienestar directamente (en tanto que daña mi salud) tanto como a mi bienestar económico. Regresar a fumar Marlboro está pensado en función de mi bienestar ya que, dada una escala de gustos determinada, prefería gastar más por cigarrillo a condición de apreciar más su gusto (estoy consciente de que de cualquier manera fumar no deja un buen sabor de boca).

Hoy me topé con una nota del Universal en donde se trata el hecho de que en Inglaterra obligarán a los bares y pubs a servir en vasos más pequeños. Esta medida está pensada en limitar la ingesta por persona pues, con una menor cantidad de vasos (si son más grandes), las personas se alcoholizan más rápido. De algún modo tiene sentido pues tendemos a moderar nuestro consumo (al menos así lo hago yo) por el número de copas (de ahí que a veces a quienes no tienen “aguante” les llamamos “dos copitas”). Sin embargo, cabe preguntarnos si alguien tiene, o más bien debería tener, el derecho de decirme de que tamaño es mi tarro de cerveza. Me parece que Friedman diría que no, ¿qué no todos tenemos derecho a hacer lo que mejor nos parezca con nuestro cuerpo mientras no dañemos a los demás? Quizá sería correcto pensar, más bien, en programas que promuevan el consumo responsable en lugar de aquellos que limiten las decisiones de las personas a hacer lo que su libertad los faculta.

Responsabilidad en la empresa

No hace tanto tiempo leía en un blog, dedicado a la ética de negocios, sobre la responsabilidad del empresario de saber que su producto será utilizado para hacer un acto que pueda ser entendido como malo. En dicho blog se trataba la responsabilidad de Caterpillar sobre la venta de su maquinaria que, utilizada por las manos “incorrectas”, puede convertirse en un arma. ¿Son responsables los accionistas de una empresa, dedicada a la construcción en este caso, de lo que hagan particulares (o Estados) con sus productos?

El ejemplo anterior es muy complejo pues, determinar el grado de responsabilidad de Caterpillar, cuando no estamos seguros de si están consientes en la empresa de que utilizarían su maquinaria para destruir viviendas habitadas, sería tan sólo especulación.

Otro ejemplo que podría ser mucho más sencillo es el que se vive actualmente en la ciudad de México. Un taller mecánico instala accesorios para que la lectura de la placa de los automóviles sea imposible para los radares de velocidad de las autoridades (ver nota). Básicamente lo que hacen es comercializar las herramientas necesarias para cometer infracciones de tránsito que, en muchas ocasiones, pueden acarrear tragedias que se traduzcan en graves accidentes (no es lo mismo chocar a 60 km/h que a 120, aunque, probablemente en un choque frontal, igual no la contamos).

Claramente este tipo de producto es nocivo y no debe ser comercializado, pocos podrán argumentar a su favor (al menos racional y válidamente); sin embargo, qué debe de suceder con los comerciantes es un tema más complicado. Por un lado no estaban traficando algún producto ilegal (no existe normativización específica al respecto) y, por otro, participan alevosamente en la concreción de una infracción (en ese sentido parecería que son responsables en algún grado).

La pregunta en concreto es: ¿hasta qué grado son responsables de las posibles consecuencias de que algún consumidor suyo transitara en exceso de velocidad? Supongamos que un usuario hubiera chocado y matado a alguien, ¿qué tan responsable de la muerte es el taller que instaló un promotor de que esto sucediera?

Libre comercio en los primeros 40 kilómetros de frontera

Cumplir con lo pactado se estipula como una necesidad mínima para poder vivir en sociedad. Romper acuerdos genera falta de confianza y, más tarde o más temprano, represalias. Muestra de lo anterior es la medida adoptada por el gobierno mexicano en contra de nuestros vecinos del norte quienes, al no respetar lo estipulado en el TLCAN, deberán sobrellevar aumentos arancelarios en diversos productos, 90 en total.

El inicio del problema se encuentra en que Estados Unidos sostiene una prohibición a transportistas mexicanos. No los quieren dentro de su frontera pues dicen que no cumplen con las medidas de seguridad. Ante esto la reacción del gobierno mexicano no se hizo esperar. A partir del jueves 19 de marzo incrementarán los aranceles de 90 productos (ver lista de productos).

Un dato curioso respecto a este evento es la respuesta, no del gobierno mexicano, sino de los transportistas “afectados” (para ver nota sobre respuesta de transportistas has click aquí). Para ellos, al menos los integrados a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la medida no afecta su trabajo pues la prohibición no limita el cruce habitual de 40 kilómetros, que es lo que necesitan para entregar su carga. Lo que es más, Manuel Sotelo (miembro de de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez) menciona que: “no están dadas las condiciones económicas y culturales para que andemos en Estados Unidos; la gente de la frontera que tenemos experiencia y años de estar batallando a diario con los norteamericanos, por ningún motivo nos queremos ir más allá de la frontera”.

Sabiendo lo anterior surgen una serie de preguntas:

1. ¿Por qué el gobierno mexicano no había actuado antes frente a los abusos padecidos por los transportistas en Estados Unidos?

2. La medida del gobierno mexicano, ¿podría tener algo que ver con las últimas declaraciones del gobierno norteamericano respecto a la ingobernabilidad en el país? (no es pregunta retórica, en realidad no lo tengo claro)

3. Si bien se espera una derrama económica de unos 2,400 millones de dólares por los aranceles, ¿qué país será más afectado con la inminente subida de precios?

Independientemente de lo anterior cabe mencionar que este problema, que al parecer es mucho más antiguo de lo que pensábamos (aunque el bloqueo no era una medida oficial aunque sí de hecho), es causado por la falta de cumplimiento de los acuerdos. De algún modo el pueblo mexicano sigue esperando ver todos los beneficios del TLC, cosa que no hemos podido ver de modo claro, y por tanto el acuerdo no se ha cumplido del todo. Sin embargo, parece bueno y prudente hacerle saber al gigante que nos hace sombra que las medidas que tome, y que nos afecten directamente, tendrán una respuesta.

Búsqueda de bienestar o de riqueza...

Hace unos días la administración del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, decidió permitir la investigación con células madre provenientes de embriones humanos. La polémica sobre este tipo de investigación no es nueva para nadie. Hay quienes piensan que hacer este tipo de trabajo significa un beneficio automático para todos aquellos que poblamos en este planeta. Habemos otros que vemos estas prácticas como moralmente cuestionables. Independientemente de este debate, del cual será muy difícil salir bien librado, cabe preguntarnos el por qué del cambio en la percepción del ejecutivo norteamericano.
En la nota publicada por el Economista se presenta la posibilidad, en boca de Elio Sgreccia, uno de los principales expertos en bioética del Vaticano, de que la decisión no haya sido tomada con fundamento en la conciencia o en vistas del bienestar de la humanidad (de fondo afecta a toda la humanidad, para bien o para mal): "El motivo de esta decisión debe buscarse en la presión de obtener ganancias".
Independientemente de nuestra postura respecto a la investigación con células madre considero que, tomarla en función de la inversión que supondrá en las empresas dedicadas a esto, es profundamente “cuestionable”.
Sin duda el tema ha polarizado al mundo; quizá sería más conveniente tener un fundamento mejor que la generación de riqueza para permitir este tipo de investigación. Aunque otra pregunta subyace: ¿podría existir un argumento suficientemente bueno para quien cree que el embrión es una persona? Y en caso de que no sea así: ¿Es válido permitir e impulsar un negocio que atenta contra el derecho a la vida (uno de los más importantes de cualquier sociedad actual)? Habrá quien diga que no son personas, existimos quienes creemos que sí lo son. La realidad es que no existen, al menos al día de hoy (que yo sepa), pruebas científicas irrefutables para cualquiera de los dos lados; ante la duda, ¿suspendemos o continuamos con una investigación que bien podría ser calificada de asesinato por algunos de los que vivimos en sociedad?, ¿debe predominar la necesidad de generación de riqueza en momentos de crisis ante el posible genocidio?

¿Discriminación en créditos?

En medio de una crisis causada, en muy buena medida, por la falta de pago en créditos hipotecarios, surge una demanda de la “Asociación Nacional para el Desarrollo de Gente de Color”, en Estados Unidos, que reclama que las empresas Wells Fago y HSBC Holdings cargaron tasas de interés excesivas para los afroamericanos que tomaron créditos hipotecarios de alto riesgo.

En la demanda presentada en la ciudad de Los Ángeles se dice que dichas entidades dieron a sus clientes negros un “trato dispar” (para ver la nota completa). Si bien Wells Fargo ya respondió a las acusaciones diciendo que: “nunca hemos tolerado, y no vamos a tolerar, discriminación en ninguna de sus formas”, la realidad es que este es un tema que no es nada nuevo.

Es apresurado confirmar si en realidad existió discriminación por parte de ambas empresas, sin embargo es posible vislumbrar al menos un par de escenarios posibles:
1. Wells Fargo y HSBC cometieron, en efecto, discriminación contra una minoría, y por lo mismo deben ser castigados y;
2. las altas tasas de interés cobradas a estos grupos (suponiendo que en efecto fueron mayores) responden más bien a que dichas personas, por reprobables circunstancias de las que fueron y son víctimas actualmente, son agentes de alto riesgo sobre las cuales es necesario, después de realizar un análisis de riesgos, cobrar una tasa de interés mayor para poder garantizar la rentabilidad del préstamo.

Tendemos a reconocer cualquier diferencia en el trato con las minorías como un acto de discriminación; la realidad es que no siempre es así. Que a una minoría se le dé un trato distinto es normal pues son, de hecho, minorías. No siempre sucede que un grupo minoritario tenga peores condiciones vida, simplemente son, en ocasiones, distintas.

En el caso de la actividad económica, por su parte, tendemos a reconocer que cualquier desventaja de un grupo específico es un trato discriminatorio, cuando no siempre es así (al menos no forzosamente). Si un grupo tiende a no ser capaz de garantizar la devolución de un crédito, por ejemplo, no suena descabellado generar un filtro económico para mantener a posibles morosos alejados. De fondo, prestar a un grupo de alto riesgo eleva los costos. Para determinar si existió discriminación en este caso, sería necesario, a mi entender, comprobar que personas de otros grupos, con las mismas complicaciones para pagar su crédito, recibieron algún tipo de trato preferencial (que dadas las causas de la actual crisis parece ser que sí).

Ahora sólo queda esperar y ver si el caso prospera y, dadas las penas multimillonarias en el vecino del norte, probablemente Wells Fargo y HSBC desearán haber prestado el dinero.

¿Tu cómo piensas?

El "Chapo" en Forbes

Cuando México se encuentra en medio de una creciente guerra contra el narcotráfico, que ha cobrado la vida de más de 1000 personas (entre narcotraficantes, militares y civiles inocentes), Forbes decidió publicar en su lista de millonarios el nombre de Joaquín Guzmán, también conocido como "El Chapo", cuya fortuna fue valuada por la revista en los mil millones de dólares.

El conteo es atractivo de revisar cotidianamente, quienes gozamos de un salario de clase media podemos conocer los nombres y rostros de aquellos que poseen la vida que muchos quisieran tener, con los millones que nunca podríamos gastar. Sin embargo, la inclusión del "Chapo" a la lista genera un sentimiento de malestar en los mexicanos que no ocurre al ver nombres como el de Carlos Slim (aunque muchos se muestran molestos de que la tercera persona con más dinero en el mundo viva en un país con más de 50 millones de pobres, pero eso es otro tema). Contrario al magnate de las telecomunicaciones Joaquín Guzmán se encuentra en género de negocio distinto.

Para aquellos que han vivido en una isla desierta en los últimos años, vale la pena mencionar que el “Chapo” Guzmán es uno de los narcotraficantes más buscados, tanto en México como en Estados Unidos, y es el líder del cártel de Sinaloa. Justo cuando la guerra contra el narcotráfico se encuentra en el nivel más alto en hostilidades, y que el gobierno estadounidense ha declarado que México es un foco rojo para su seguridad nacional, surge la duda si fue una buena decisión por parte de Forbes el incluir a un individuo como el líder de uno de los cárteles más importantes en su lista.

Es cierto, el Chapo cuenta con el dinero suficiente, nadie puede negar que el tipo conoce su negocio (despreciable por cierto); pero incluirlo en un listado que supone incluir a las personas más exitosas en el ámbito empresarial parece ser irresponsable. Si el respeto se gana por el tamaño de la cuenta de banco, independientemente de la calidad personal del titular de la misma, ¿qué clase de censura puede existir contra aquellos que lucran con negocios ilegales? Desde ésta perspectiva Madoff y Stanford parecen ser unos tipazos.

Independientemente de nuestra postura personal, el negocio del Joaquín Guzmán es, además de ilegal, inmoral (el asesinato y el tráfico de drogas no puede ser moral, quien piense que lo es debería reflexionar seriamente sobre esto). Sin embargo, preguntarnos sobre si lo que hizo Forbes es o no correcto parece ser, al menos en la superficie, un poco más complejo, pues el listado trata sobre millonarios y no sobre personas morales. De cualquier modo el malestar persiste.